Lo grave del asunto, lo que se viene a denunciar ante la Fiscalía General del Estado, es que la Agencia Tributaria en lugar de proceder a investigar y sancionar como correspondería a esas grandes fortunas españolas con cuentas secretas en Suiza, entre los que se encontraban Emilio Botín y buena parte de su familia, procedió a avisarlos para que regularizaran su situación, ofreciéndoles así una segunda oportunidad para pagar voluntariamente lo que voluntariamente habían ocultado a la Administración Española. Este trato de favor es tan grave que hasta los propios técnicos del Ministerio de Hacienda de organizaciones como IHE o GESTHA así lo han denunciado, aduciendo que se les dio a estas personas una segunda oportunidad para pagar voluntariamente que no se ofrece al resto de ciudadanos.
Semejante trato de favor precisamente a quienes más tienen –para tener cuentas en ese banco hace falta tener mucho dinero-, además de suponer un claro perjuicio para la Hacienda Pública al no ingresar ésta lo que correspondería por las subsiguientes sanciones, es también y sobre todo un ofensivo agravio comparativo hacia el resto de ciudadanos que teniendo economías más precarias no disfrutamos de este privilegio cuando incurrimos en irregularidades en las declaraciones de Renta y Patrimonio. Y lo es aún más cuando se sabe que entre los beneficiarios de ese trato de favor se encuentra una de las familias más ricas del país, la del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, cuya entidad arrojó el pasado año unos beneficios por valor de 8.181 millones de euros a pesar de la crisis, con la ciudadanía retorciéndose con interminables recortes de derechos y cinco millones de parados.
